El lavado de dinero se efectúa en tres etapas, la primera de ellas es la colocación y consiste en que la persona introduzca las ganancias ilícitas en el sistema financiero a través de depósitos bancarios en efectivo o en alguna inversión en instrumentos financieros.

La segunda etapa es la estratificación, la cual implica el envío de dinero a través de transacciones financieras con el fin de cambiar su forma para dificultar su rastreo. Esto suele realizarse a través de transferencias bancarias y la compra de bienes raíces y objetos de lujo.

Finalmente, viene la parte reintegración, que es básicamente reinsertar los fondos ilegales en la economía. De esta manera el dinero aparecerá como legal y podrán ser reutilizados.

Para prevenir el lavado de dinero se han establecido reglamentaciones que obligan a las empresas a vigilar meticulosamente sus operaciones. Un ejemplo de esto es la implementación del artículo 492 de la “Ley de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros”, el cual indica que todas las empresas que pertenezcan al sector financiero y de seguros y fianzas, están obligadas a establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos encaminados al lavado de dinero.

Entre las principales obligaciones previstas en el artículo se encuentran: solicitar a las instituciones, identificar a sus clientes, por medio de recabar datos y documentos completos y legibles antes de celebrar cualquier contrato y conforme los supuestos de ley,  resguardar y garantizar la seguridad de la información y documentación relativas a la identificación de sus clientes y conservar, por al menos diez años, la información y documentación.